En una demanda que cursa en la Corte Constitucional contra el nuevo Código Disciplinario, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, se declaró impedida a pronunciarse ya que ella intervino en la expedición de la ley que reformó el mismo.

Como es sabido, la Corte Constitucional estudia varias demandas contra la reforma al Código Disciplinario, que alegan que la atribución de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría para investigar y juzgar disciplinariamente a los servidores públicos vulnera el principio de separación de poderes.

Además, viola lo dispuesto en la reciente sentencia de la Corte IDH por el caso de Gustavo Petro, cuando se desempeñó como alcalde de Bogotá.

Por ley, el Ministerio Público remite un concepto a la Corte Constitucional acerca de las demandas de inconstitucionalidad. Sin embargo, en este caso la jefa del Ministerio Público se declaró impedida por su participación en el proyecto de ley que reforma el Código Disciplinario.

La Procuraduría dice que esta reforma pretende aumentar las garantías a los funcionarios de elección popular al momento de ser juzgados.

Esto se da luego de la exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia en la que condenó al Estado por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta a Gustavo Petro, por el entonces Procurador Alejandro Ordoñez, y en la que señaló que el ente de control no podía tener facultades de juez.

“El Congreso determinó que la conducta disciplinaria será dolosa cuando el disciplinable conozca los hechos constitutivos de falta, su ilicitud y quiera su realización”, precisa la reforma, entre otras disposiciones.